Introducción: El Congreso español ha aprobado en marzo de 2025 la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, una normativa pionera que afecta a todos los eslabones de la cadena alimentaria Esta ley surge para atajar un problema grave: solo en 2023 España desperdició 1,214 millones de toneladas de alimentos, mientras que a nivel mundial se tiran unos 1.300 millones de toneladas al año, cerca del 30% de la producción de alimentos. La nueva ley establece obligaciones claras para productores, distribuidores, supermercados, restaurantes y otros actores, con el objetivo de evitar que la comida apta acabe en la basura. A continuación, analizamos los puntos clave de esta legislación y su impacto específico en supermercados y empresas de la cadena de suministro alimentaria.
Obligaciones principales de la nueva ley
La nueva normativa impone obligaciones significativas a todos los agentes de la cadena alimentaria para reducir el desperdicio. Entre las medidas más destacadas se encuentran:
- Plan de prevención de pérdidas y desperdicios: Todas las empresas alimentarias (producción, transformación, distribución, hostelería y restauración) deberán elaborar un Plan de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario. En este plan se diagnosticarán las causas del desperdicio en sus operaciones y se definirán medidas concretas para reducirlo, con seguimiento periódico de los resultados. Las pequeñas empresas pueden tener ciertas excepciones, pero en general la planificación preventiva pasa a ser obligatoria y deja de ser voluntaria como en normativas previas.
- Donación obligatoria de excedentes alimentarios: La ley establece una jerarquía de prioridades para el manejo de los alimentos no vendidos. La opción prioritaria debe ser siempre el consumo humano, mediante donación o redistribución a organizaciones benéficas. En la práctica, esto se traduce en que supermercados y otros distribuidores están obligados a donar sus excedentes aprovechables a entidades sociales (bancos de alimentos, ONG, etc.), salvo que se justifique que no es viable. De hecho, los comercios de más de 1.300 m² deberán firmar convenios de colaboración con bancos de alimentos u organizaciones similares para canalizar esas donaciones de forma regular. Solo si no es posible donar, se podrá destinar el excedente a otros usos como alimentación animal, compostaje o producción de biocombustible. En cualquier caso, tirar comida a la basura pasa a ser última opción y puede acarrear sanciones.
- Envases para las sobras en hostelería: Aunque nuestro foco son los supermercados, cabe mencionar que la ley obliga también a bares, restaurantes y empresas de catering a ofrecer envases reutilizables o reciclables a los clientes para que se lleven las sobras de comida. Esta medida, conocida popularmente como “derecho al táper”, busca normalizar que el consumidor se lleve lo que no consume in situ, reduciendo el desperdicio en restauración.
- Venta de productos “feos” o con fecha próxima: La ley fomenta la venta de alimentos con imperfecciones estéticas o próximos a caducar en los comercios. Tiendas y supermercados deberán tener líneas de venta de productos “feos” o poco estéticos a precio reducido, siempre que sean seguros para el consumo.Asimismo, deberán informar a los clientes (con carteles visibles) sobre la seguridad y beneficios de consumir productos imperfectos, para eliminar el estigma asociado a estos alimentos.
- Concienciación y formación: La ley enfatiza la importancia de la sensibilización. Exige que las empresas formen a su personal en buenas prácticas para minimizar desperdicios .También obliga a campañas de concienciación al consumidor por parte de las Administraciones y del sector, promoviendo hábitos de consumo responsable y una correcta comprensión de las fechas de caducidad y consumo preferente.
Estas obligaciones vienen respaldadas por un régimen sancionador en caso de incumplimiento. El capítulo VI de la ley detalla infracciones y sanciones: por ejemplo, se contemplan multas de hasta 60.000 euros para empresas que no cuenten con el plan de prevención o que no donen sus excedentes cuando es exigible. Es decir, más allá del impacto reputacional, ahora también habrá consecuencias económicas directas por no adaptarse.
Impacto para supermercados y la cadena de suministro
Para los supermercados y distribuidores, esta ley supone cambios operativos importantes. En primer lugar, deberán ajustar sus procesos logísticos y de gestión de inventario para cumplir con la prioridad de donación y reducción de desperdicios. Por ejemplo, muchos supermercados tendrán que establecer nuevos convenios con bancos de alimentos (si no los tenían ya) y definir protocolos para recoger, almacenar y entregar esos excedentes de forma segura y regular. Según la norma, los establecimientos deben contar con infraestructuras adecuadas de almacenamiento y manipulación para evitar pérdidas durante el transporte y exhibición de productos.Esto podría implicar invertir en mejores sistemas de refrigeración para productos cercanos a fecha o destinar personal a la gestión específica de donaciones y descuentos.
Asimismo, los supermercados deberán implementar líneas de descuento para productos próximos a vencer o con defectos. Esto convierte prácticas que algunas cadenas ya hacían voluntariamente (como rebajar el precio de pan del día anterior o de frutas maduras al final de la jornada) en una expectativa legal. Gestionar estas secciones de “productos feos” puede requerir cambios en cómo se clasifican los productos desde el almacén hasta la tienda. Las centrales de compra y productores también tendrán incentivos para no descartar frutas y verduras por merma estética, ya que ahora hay una vía comercial para ellas. Toda la cadena de suministro alimentaria, desde el productor primario, deberá colaborar: por ejemplo, un agricultor podría separar frutas imperfectas para que el distribuidor las destine a esta línea especial en lugar de descartarlas.
Para los productores y proveedores, la obligación del Plan de Prevención significa analizar en qué puntos de su proceso (cosecha, procesado, envasado) ocurren pérdidas de alimentos y tomar medidas. Por ejemplo, un fabricante deberá ajustar sus lotes de producción para no generar excedente invendible, o encontrar salidas (donación, venta secundaria) para esos excedentes. También deberán coordinarse con los distribuidores para facilitar las donaciones (asegurando que los productos donados mantienen la seguridad alimentaria).
Un punto positivo es que la ley trae incentivos fiscales y facilidades para cumplir estas obligaciones. Se han previsto deducciones en impuestos (Sociedades, IRPF) para las empresas que donen alimentos, equiparándolas a mecenazgo social. Esto busca compensar los costes logísticos de la donación y animar a más empresas a sumarse. Además, al armonizarse la normativa a nivel nacional (hasta ahora solo Cataluña tenía una ley similar), las grandes cadenas operando en distintas regiones tendrán un marco único de referencia.
Por último, pero no menos importante, el impacto reputacional es significativo. Los supermercados y empresas que se adapten rápidamente podrán proyectarse como actores responsables y sostenibles, mejorando su imagen ante una ciudadanía cada vez más preocupada por el desperdicio alimentario. Al contrario, aquellas que incumplan podrían enfrentar no solo multas, sino también críticas públicas. En suma, la ley supone un desafío logístico y organizativo para el sector alimentario, pero también una oportunidad para modernizar procesos, ahorrar costes (al reducir el desperdicio se reducen costes de gestión de residuos) y mejorar la sostenibilidad del negocio.
Conclusión: La nueva Ley de Desperdicio Alimentario marca un antes y después para supermercados y la cadena de suministro en España. Convertir su cumplimiento en una ventaja competitiva dependerá de la rapidez y eficacia con que las empresas incorporen estas prácticas. En este contexto, Fazla se presenta como un aliado estratégico, ofreciendo soluciones tecnológicas que ayudan a identificar, gestionar y dar salida a los excedentes alimentarios de forma eficiente. Adaptarse a la ley no solo evitará sanciones, sino que impulsará al sector hacia un modelo más circular y sostenible donde desperdiciar alimentos ya no es una opción.
